"No nos pueden meter en el mismo saco que a los terroristas a los que hemos combatido estos 50 años", ha dicho el ex general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la asociación que más militares agrupa en Colombia

   Ruiz Barrera ha reclamado que la justicia transicional se aplique a uniformados y guerrilleros "de manera diferenciada", tanto en la fase de investigación como en la de juicio y, sobre todo, en las sentencias, según informa RCN Radio.

   También ha exigido a los insurgentes "que cumplan" con lo acordado. "Porque, si lo hacen, sería una garantía para que esto siga adelante y venga el posconflicto que todos anhelamos", ha apuntado.

   El ministro de Justicia, Yesid Reyes, ya ha adelantado que habrá un "régimen diferencial", de modo que no se tratará "exactamente igual" a los guerrilleros y a los agentes del Estado porque la posición de ambos en el conflicto armado "no es equiparable".

   Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha considerado "plenamente satisfactorio" para militares y policías el acuerdo sobre justicia transicional, revelando que así se lo han trasladado.

   "No nos ha tomado por sorpresa porque nos hemos encargado de manera juiciosa de acompañar cada uno de los detalles" con el consejo de una comisión de jurista, ha indicado.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   El acuerdo suscrito este miércoles en La Habana por el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

   Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

   Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.

Unos 15.000 guerrilleros serán amnistiados

por los acuerdos de paz

Unos 15.000 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se beneficiarán de la amnistía que se concederá a los responsables de delitos políticos y conexos, conforme a lo firmado en el acuerdo de justicia transicional, según ha informado el fiscal general, Eduardo Montealegre.

   "Si excluimos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, podríamos amnistiar los delitos políticos y los conexos y nuestro cálculo es que podrían ser amnistiados más de 15.000 combatientes de las FARC", ha dicho en una entrevista concedida a Blu Radio.

   Montealegre ha aclarado que "no van a existir amnistías por delitos de competencia del Tribunal Penal Internacional (TPI)". "Y ese es un giro fundamental porque las FARC están reconociendo que hay delitos que no pueden ser objeto de amnistía", ha destacado.

   Así, ha estimado que los guerrilleros juzgados serán unos 500, entre miembros del Secretariado de las FARC --la cúpula insurgente, formada por unas 50 personas-- y otros combatientes cercanos al círculo de poder de las FARC.

   Sobre estos casos, también ha querido aclarar el concepto de "restricción de la libertad" que se aplicará a quienes reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra interna y que les servirá para eludir la cárcel.

   "La Ley puede crear la obligación de que los insurgentes permanezcan en ciertas partes del territorio nacional (...) El municipio por cárcel", ha explicado, subrayando que esta modalidad punitiva se completará con "sistemas de vigilancia efectivos".

   Montealegre ha rechazado las críticas a esta justicia transicional, asegurando que "no es algo exótico", sino que "ya existía en el ordenamiento jurídico colombiano", al tiempo que ha restado importancia al "derecho penal primitivo" que "entiende que la única manera de hacer justicia es la cárcel".

IMPUTACIONES SUSPENDIDAS

   El Ministerio Público ha ordenado suspender todas las imputaciones contra la cúpula de las FARC y ya no hará más acusaciones contra ellos, en cumplimiento del acuerdo sobre justicia transicional, que crea una jurisdicción especial para la paz.

   Montealegre ha revelado en sus últimas declaraciones a medios de comunicación que la Fiscalía adelanta 11.000 procesos contra más de 7.000 guerrilleros. Fuentes consultadas por la revista colombiana 'Semana' aseguran que hay 1.860 condenas contra miembros de las FARC, de las cuales 157 corresponden a la cúpula insurgente.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   El acuerdo suscrito este miércoles en La Habana por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

   Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

   Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.

Uribe considera "deplorable" que EEUU

"aplauda" el "acuerdo de impunidad"

  El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ha considerado "deplorable" que Estados Unidos "aplauda" el "acuerdo de impunidad" que el Gobierno ha firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en materia de justicia transicional.

   "Deplorable que el secretario de Estado, Jhon Kerry, aplauda un acuerdo de impunidad para las FARC que nunca aceptarían con Al Qaeda", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

   A través de la misma red social ha difundido una fotografía con la portada de un periódico que reza: "ganó el terrorismo en Colombia, presidente regala patria a las FARC". "Así titularía la prensa internacional sobre la claudicación", ha sostenido.

   Santos y Kerry han hablado por teléfono tras anunciarse el acuerdo sobre justicia transicional y el jefe de la diplomacia estadounidense se ha mostrado "muy contento" por este "avance histórico". "La paz está ahora cada vez más cerca", ha afirmado.

   "Agradecemos el apoyo del secretario de Estado y del Gobierno de Estados Unidos al proceso de paz", le ha respondido Santos en Twitter, al tiempo que ha avanzado que se reunirá con él en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"IMPUNIDAD"

   Uribe ya había criticado que este acuerdo supone "impunidad" para los líderes de la guerrilla y además "quita a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición".

   En concreto, ha lamentado que se equipare a las Fuerzas Armadas con los guerrilleros. "Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de ir a la cárcel", ha reprochado.

   También ha mostrado su rechazo a "abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política", sin que se excluya a "los responsables de atrocidades".

   Uribe, otrora mentor político de Santos --su sucesor en la Presidencia de Colombia y ex ministro de Defensa--, es uno de los mas firmes detractores del proceso de paz en La Habana.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   El acuerdo suscrito este miércoles en La Habana por el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

   Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

   Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.