Por otro lado, ha lamentado las "interferencias políticas" del caso, con el que se ha intentado "ensuciar la imagen" del PSOE-A por "ser el partido que levantó Andalucía durante años".

   En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Chaves ha reconocido que, pese al "respeto" que le merece la justicia y la propia Alaya, piensa que la instrucción del caso ERE se está haciendo de una manera "subjetiva y muy discutible", por lo que ha celebrado que la magistrada sevillana haya elevado la causa relativa a las personas aforadas --entre las que se encuentra "señalado" junto con el expresidente José Antonio Griñán y otros exconsejeros del Gobierno andaluz-- al Tribunal Supremo para poder salir del "limbo jurídico" en el que estaba desde septiembre de 2013 y "defenderse".

   Tras asegurar, como ya hizo ayer, que quiere declarar de manera "voluntaria" ante el Alto Tribunal si este asume las competencias para ello, Chaves ha recordado que ya eran "muchas voces e incluso instancias judiciales" las que habían dicho que esta parte del caso se tenía que elevar al TS y que, sin embargo, la jueza ha tardado meses  en hacerlo.

   Aunque no ha querido entrar en el por qué de esta tardanza, sí que ha asegurado que "Alaya no tenía ninguna razón para retener tanto tiempo" el caso en su poder "cuando había suficientes razones" para enviarlo al Supremo. Sobre todo, según ha insistido el socialista, porque una vez que él y el resto de aforados fueron "señalados" --"no imputados ni procesados ni preimputados", ha apostillado a modo de aclaración-- han estado meses en una situación de "indefensión" y en un "limbo jurídico".

   Chaves, que ha admitido que "no le gusta lo que está pasando" pero que no está "ni intranquilo ni preocupado", también ha lamentado que "muchas de las decisiones" de la juez Alaya hayan "casualmente coincidido con acontecimientos políticos del PSOE-A" como la toma de posesión del último Gobierno andaluz.

   "La lista es bastante larga", ha añadido el expresidente, quien, tras advertir de que no se refería ahora a la jueza, ha criticado que el caso de los ERE haya tenido "interferencias políticas". "Ha sido una especie de proceso político y proceso judicial en el que se ha intentado manchar la imagen de un partido que levantó Andalucía durante años".

   Según ha indicado, esto sí que le duele porque, a su juicio, se ha intentado hacer "muchísimo daño" a la Junta de Andalucía con un caso en el que "nunca, nunca, ha existido ni conspiración ni confabulación para formar una trama para que otros pudieran delinquir", algo que confía que el Tribunal Supremo "acredite" cuando se haga cargo del caso.

"NO SE HAN TOMADO DECISIONES POLÍTICAS ILEGALES"

   Para el expresidente, el hecho de que haya habido "algún colaborador" suyo que sí "haya defraudado dinero público" es una "losa" que tendrá que "soportar durante mucho tiempo" y que, según ha incidido, le "avergüenza" y le "preocupa".

Por eso, ha querido dejar claro que una cosa es que haya "quien haya cometido fraude", para los que ha pedido "todo el peso de la ley", y otra que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya tomado "decisiones políticas ilegales", algo que ha negado con rotundidad en varias ocasiones.

   "Tengo una cosa absolutamente clara y es que, mientras he sido presidente de la Junta, en el Consejo de Gobierno, y he asistido a todos, no se han tomado decisiones políticas ilegales. Todas las decisiones han sido escrupulosamente respetuosas con la leyes y con todos los trámites exigidos por las leyes, incluidos los presupuestos y las transferencias de financiación", ha defendido.

  En esta línea, ha insistido en que al Consejo de Gobierno "nunca llegó ningún informe de la Intervención General que declarara ilegal el procedimiento" de las transferencias de financiación y en que "nunca hubo denuncia de menoscabo de fondos públicos", por lo que ha también ha pedido distinguir entre lo que puede ser una "responsabilidad administrativa y otra penal".

   Además, ha recordado que la "partida presupuestaria que se incluyó en el Presupuesto fue aprobada por el Parlamento de Andalucía y que incluso ese fondo" --el conocido como 'fondo de reptiles' en este caso de los ERE-- fue "objeto de enmiendas por parte de los grupos de la Cámara para que fuera aumentada". Por lo tanto, según insiste Chaves, "toda la actuación fue perfectamente legal" y "no hay ninguna responsabilidad política".

   Al respecto, Chaves también ha esgrimido que en la comisión de investigación que se celebró en el verano de 2012 en el Parlamento andaluz --algo que "no se ha hecho en Gürtel" porque "el PP se negó", ha apostillado--, él estuvo "dos horas respondiendo a las preguntas de todos los grupos y que "cuando se votaron las responsabilidades políticas, quienes tenían la mayoría que eran IULV-CA y PP-A, no se pusieron de acuerdo" a la hora de señalar las responsabilidades políticas. "Pero se debatieron", ha enfatizado.

SIN "ENRIQUECIMIENTOS"

   Cuestionado sobre si piensa dimitir en el caso de que el Supremo lo impute, Chaves ha pedido "no adelantar acontecimientos" y ha mostrado su confianza en que "eso ni ocurra".

   "Cuando se tomen las decisiones, a raíz de eso, entonces yo actuaré y decidiré qué tengo que hacer", se ha limitado a decir tras insistir en que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" porque en este caso, pese a que es lo que "el PP estaba buscando", ni se ha producido un "enriquecimiento" de ninguno de los aforados ni "del PSOE-A".

   "Sólo ha ocurrido en un caso, pero financiación ilegal del partido, eso en ningún caso. Así que hay un contraste con el PP, porque yo puedo decir que yo no he recibido ningún dinero, ni en blanco ni en negro, y eso no lo podrán decir otros dirigentes como el presidente del Gobierno, al menos presuntamente", ha explicado.

   Por todo ello, ha mostrado su confianza en la instrucción que pueda desarrollar el Supremo. También ha dicho que se siente apoyado por el PSOE-A y por el nuevo PSOE que lidera Pedro Sánchez, al que le ha transmitido ya su intención de declarar voluntariamente ante el Alto Tribunal y, sobre todo, que tiene "la conciencia absolutamente tranquila de que el fondo se hizo con la intención de ayudar a trabajadores y fue absolutamente legal".

   Por último, Chaves ha sido cuestionado por la investigación judicial abierta ante el posible fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía y ha pedido, al igual que para el caso de los ERE, que "caiga todo el peso de la justicia" sobre "quien haya defraudado". Además, ha querido dejar claro que el exconsejero Ángel Ojeda, detenido y puesto en libertad con cargos y sin pasaporte por este caso, "no estuvo" en su Gobierno.