Así consta en un auto dictado este miércoles en el que el juez instructor del 'caso Gürtel', que cuantificó este lucro en 236.864 euros, rechaza el recurso presentado por los 'populares' contra la resolución en la que se le ofrecía la personación en la causa como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados en la "primera época" de la trama, entre los años 1999 y 2005.

En su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca la necesidad de que la formación de Mariano Rajoy, que pidió la condición de perjudicada, sea partícipe a título lucrativo para que "se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales" atribuidas a Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y Guillermo Ortega.

El juez, además, desestima en reforma todos los recursos (un total de 13) interpuestos contra la resolución que dictó el pasado 29 de julio en la que abría una pieza separada para llevar a juicio a un total de 45 imputados, entre los que se encuentra el exsenador del PP Luis Bárcenas.

OCULTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

El juez rechaza el argumento del PP de que todos sus gastos fueron contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas y señala que la formación podría haber utilizado "recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación en los estados contables correspondientes".

También califica de "estéril" la petición de los 'populares' para obtener la condición de perjudicado en el procedimiento porque, tal y como señala la Fiscalía Anticorrupción, esa consideración "en absoluto" se corresponde con las conclusiones de la investigación ni "se fundamenta debidamente por el recurrente, quien omite cualquier referencia a los hechos y delitos que generarían el alegado perjuicio sufrido".

Según Ruz, de acuerdo a todos los indicios obrantes en la instrucción "el Partido Popular se habría beneficiado a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito" por Sepúlveda y Ortega, que "al menos en parte" eran propiedad de los Ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda. Por todo ello, estas dos corporaciones podrán ejercer acciones en la causa como perjudicadas.

SIN COSTE PARA EL PP

El magistrado sostiene que los 'populares' se habrían "lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantemiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003 sin coste alguno para la formación política", toda vez que estos servicios se habrían sufragado con los fondos procedentes de la trama 'Gürtel'.

La resolución también señala que el PP parte de "una premisa errónea" al alegar que Ruz no exponía en la resolución recurrida "los hechos e indicios generadores de su responsabilidad y que, en todo caso, no concurren los elementos que definen legalmente la condición que se le atribuye".

El juez instructor recuerda que su resolución de julio no es un auto de procesamiento o de continuación del procedimiento abreviado, en el que deben exponerse los indicios de delito contra los imputados, sino de "ordenación y organización del procedimiento en absoluto comparable" a los anteriores.

En contestación al resto de recursos, Ruz justifica la apertura de esta pieza separada argumentando que su finalidad es la de seguir "una serie de criterios de ordenación procesal" dirigidos a permitir un "pronto enjuiciamiento de parte de los hechos" investigados en la causa.

TRES EXTESOREROS IMPUTADOS

Además de Bárcenas, en esta pieza separada están imputados el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, el antiguo responsable de las fianzas de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el exdiputado Jesús Merino. De los 45 imputados, 21 serán juzgados por estos hechos y otros 24 continuarán encausados en la causa principal o en otras piezas separadas.

En esta parte del procedimiento se persiguen, en concreto, los actos delictivos que se produjeron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entre los años 1999 y 2005. Ruz excluyó las operaciones en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares porque las actividades se prolongaron después de este periodo.