El sindicato ha recordado que la suspensión y modificación de la Ley de Registro Civil de 2011 requiere circunstancias "excepcionales" y, para los secretarios judiciales, no existe ningún motivo así, por lo que ve "curioso" que quien primero debe cumplir la ley, la esté incumpliendo.

   "¿Alguien podría decir qué motivo extraordinario y urgente motiva que se deje en suspenso y se modifique una Ley que se aprobó en el 2011, hace tres años? El que el Ministerio de Justicia diga que el encargado del Registro Civil sea un registrador mercantil en vez de un secretario judicial, ¿eso es urgente y extraordinario?", se pregunta el sindicato.

   Tras la decisión del Ministerio de Justicia de que los registradores mercantiles asuman la gestión del Registro Civil y que los expedientes y certificados que tramiten a partir de ahora sigan siendo gratuitos para el ciudadano, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha expresado su descontento con esta medida y ha cargado contra el Gobierno por romper "el consenso que en su día dio fruto a la Ley de Registro Civil 2011".

   "El Partido Popular votó a favor de dicha ley en el 2011 y hoy, no sólo suspende su entrada en vigor, sino que, además, la privatiza o realiza una suerte de concesión pública en favor de los registradores", critica el sindicato.

   Asimismo, UPSJ ha censurado la gratuidad de estos servicios. "El ministro de Justicia afirma que el servicio que los ciudadanos recibamos por parte de los registradores como encargados del Registro Civil será gratuito, por lo que nos preguntamos: ¿cómo podrá pagar el Registrador a los empleados que tengan para la realización del mismo si no percibe ningún ingreso?", se pregunta.

   En este sentido, entiende que "solo" hay tres formas de compensar esta gratuidad. Según el sindicato, sería posible a través de una cantidad de dinero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, imponiendo tasas o aranceles a los ciudadanos por acudir al Registro Civil --"una opción que ha descartado el equipo de Justicia", recuerda-- o incrementando los aranceles por el servicio que los registradores presten por otros cometidos distintos del Registro Civil.

   En opinión de la asociación, ésta última opción será la decisión elegida por Justicia, lo que significaría que el Ministerio "gasta menos y los registradores mercantiles ganan más".

"CARENCIAS MINISTERIALES Y AUTONÓMICAS CON

CRECES"

   Por otro lado, también denuncian que el Ministerio de Justicia no puede ampararse en suspender la ley alegando que el Registro Civil no funcione bien, puesto que, según defiende el sindicato, "el Registro Civil presta un servicio al ciudadano de calidad, eficacia y celeridad". "Cada uno de los integrantes del actual Registro Civil suple las carencias ministeriales y autonómicas con creces", explica.

   En la misma línea, manifiesta que el Ejecutivo "obvia" la función capital de la Ley de Protección de Datos. "Si se consuma la intención del Gobierno de la Nación, los Registradores Mercantiles no podrían gestionar los datos delicados, sobre el estado civil de las personas, divorcios, adopciones, etc.", argumenta.

   Para los secretarios judiciales, el Ministerio de Justicia debería afirmar "sin temor alguno" que su motivación para privatizar el Registro Civil obedece a razones "estrictamente económicas de ahorro de costes y de incremento de volumen de negocio para los Registradores Mercantiles".

   "El Ministerio no debería mentir al ciudadano y faltar el respeto a quienes realizan su quehacer diario en los Registros Civiles", finaliza.