Seis víctimas de torturas han denunciado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la intención de las autoridades marroquíes tras la ocupación del antiguo Sáhara español era la de "exterminar o aniquilar" al pueblo saharaui, han informado fuentes cercanas a la causa. 

  El magistrado ha tomado declaración durante casi cinco horas a los seis testigos, llamados a declarar en la causa en la que se investiga el genocidio y las torturas sufridas por su pueblo saharaui entre los años 1976 y 1987. Cuatro de ellos han sido examinados por un forense de la Audiencia Nacional con la intención de que las secuelas de los abusos recibidos por parte de militares alauis queden documentadas y consten en la causa 

  Los seis testigos, que han presentado ante el Juzgado documentos nacionales de identidad o libros de familia españoles, han precisado que las dificultades para llevar a cabo "el exterminio" propiciaron que Marruecos alentara el desplazamiento masivo de los integrantes de su etnia. 

  En declaraciones a los medios al término de la declaración el abogado de la Asociación Española Pro Derechos Humanos, Manuel Ollé, ha explicado que los testimonios han servido para detallar los malos tratos sufridos por el pueblo saharaui, principalmente durante las detenciones masivas que tuvieron lugar tras la conocida como "Marcha Verde". 

  El letrado ha especificado que sus representados sufrieron "torturas atroces" de las que aún conservan marcas. La gran mayoría presenta en el cuerpo extensas quemaduras o los efectos de métodos de tortura a través del uso de descargas eléctricas. 

  Los seis testigos, que han concretado que la situación denunciada "permanece hasta el día de hoy", han agradecido al juez Ruz y a la Justicia española que investigue los abusos. 

  El magistrado reactivó la causa abierta por el juez Baltasar Garzón el pasado mes de noviembre tras preguntar al Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes. 

  Decidió posteriormente tomar declaración a varios testigos, entre ellos la activista Aminetu Haidar que no ha podido declarar debido a que su estado de salud la mantiene hospitalizada en un centro de Las Palmas de Gran Canaria.  

La investigación se dirige contra "destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan". 

  Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui. 

  Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976, entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan.  

Completan la relación de denunciados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.

MÁS DE 500 DESAPARECIDOS 

  Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como "Marcha Verde", a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental. 

  La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales". 

  El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".