"Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia", ha apostillado.

   Uribe ha considerado que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado con este acuerdo su "indulgencia" con quienes han cometido "crímenes atroces", al tiempo que ha criticado que con este nuevo sistema judicial --que se aplicará a las partes en conflicto-- se vaya a dar el mismo trato a militares y a guerrilleros.

   "Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de ir a la cárcel", ha dicho el expresidente colombiano, que también ha advertido de que el acuerdo "no excluye al narcotráfico como conexo del delito político". Los delitos políticos serán amnistiados, según el texto firmado este miércoles.

   "Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable", ha aseverado Uribe.

   Por último, el senador ha mostrado su rechazo ante la posibilidad de "abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política", sin que se excluya a "los responsables de atrocidades", y alerta de que "en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera".

Ordenan suspender todas las imputaciones

de cargos contra la cúpula de las FARC

El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ha ordenado suspender de manera inmediata las imputaciones de cargos en contra de los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por graves violaciones de Derechos Humanos, como consecuencia directa del acuerdo sobre justicia transicional firmado este miércoles en La Habana por el Gobierno y la guerrilla.

   "Pese a que la Fiscalía sigue siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación en la violación de los Derechos Humanos", ha explicado Montealegre, quien ha asegurado que el modelo firmado de justicia transicional es "muy diferente" al sistema penal acusatorio.

   Tal y como ha informado el diario colombiano 'El Espectador', en esta nueva etapa la Fiscalía General tendrá que presentar informes ante los nuevos órganos judiciales creados en base a los acuerdos firmados en La Habana, que servirán para establecer condenas o amnistiar a los diferentes agentes del conflicto armado interno --no solo a miembros de las FARC--.

   Así, a partir de ahora, la Fiscalía "no hará imputaciones ni acusaciones", ni a los miembros de las FARC ni a sus dirigentes, sino que "se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los Derechos Humanos", ha agregado Montealegre, que ha recordado que los casos abiertos más graves son los relacionados con la toma de rehenes, secuestro, tortura y desplazamiento forzado, entre otros.

   De esta manera, no será la Fiscalía General de Colombia la que establezca si se trata de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otro, ya que a partir de la firma de este acuerdo lo hará el Tribunal Especial creado para tal efecto.

   En cualquier caso, Montealegre ha asegurado que "el hecho de suspender las imputaciones y las acusaciones no significas que se paralizarán los procesos". "Bajo ninguna circunstancia se suspenderán las investigaciones", ha sentenciado.